Rechazo a los cambios de la Ley de Tierras, un disfraz a medida de los intereses extranjeros

Rechazo a los cambios de la Ley de Tierras, un
disfraz a medida de los intereses extranjeros

Desde el peronismo y desde el ámbito sindical argentino no podemos menos que rechazar la disfrazada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, porque parte desde la falsedad de la denominación, en vez de presentarla como la modificación a la Ley de Tierras para favorecer a los amigos extranjeros del presidente Javier Milei.
Se trata de mamotreto, propio del estilo “libertario” en desmedro de la soberanía territorial, la producción nacional, el trabajo y el rol del Estado en la planificación estratégica del país.
Es la hipocresía, perversamente camuflada, para que tres o cuatro millonarios, en su mayoría extranjeros, se queden con la Argentina, como lo hicieron con Lago Escondido, u otras enormes extensiones en distintos puntos del país, generando escandalosas flexibilizaciones que los habiliten a apoderarse de las impresionantes riquezas de nuestra tierra.
Los argentinos sabemos que la tierra es mucho más que una propiedad privada; es territorio común, trabajo, alimento, generación de empleo, producción, medio ambiente y soberanía para millones compatriotas. Y, sin control sobre la tierra, no hay proyecto nacional productivo propio, estratégico para el desarrollo del país.
El proyecto “mileista” en sí mismo, es un riesgo de extranjerización del territorio nacional y la más evidente y clara pérdida de control estatal sobre nuestro suelo, habilitando la compra irrestricta de tierras por parte de grandes corporaciones internacionales. Y, por consiguiente, debilita la capacidad del Estado para regular y planificar el uso estratégico de su propio territorio.
Va en contra del control y defensa de los recursos estratégicos, como Catamarca guarda generosamente en materia de minería y la generación de energía a través del Litio, además de liberar al arbitrio de particulares, incluso extranjeros, el manejo y usufructo de los ríos, lagos y acuíferos que, actualmente, nos garantizan la disponibilidad del agua dulce para nuestros comprovincianos de los sitios más apartados, ya sean de la Puna o la Cordillera.
Lo elemental en todo este debate, es que no hay soberanía nacional sin control sobre nuestro territorio.
También atenta contra los más elementales criterios de defensa nacional y seguridad jurídica sobre el patrimonio de todos los argentinos. En ese marco, la seguridad jurídica no debe proteger únicamente la propiedad privada sino también a quienes trabajan, incluyendo el derecho a la vivienda, al trabajo, al salario digno y a una tierra orientada al bien común.
Para ser serios, la Constitución Nacional ya protege la propiedad, como también garantiza los derechos vinculados a la vivienda, el trabajo, el ambiente y el desarrollo, sin necesidad de plasmar una vergonzante legislación motivada, única y groseramente, en favorecer los intereses de los extranjeros.

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Quitar derechos, no puede ser una conquista

REFORMAS SOBRE “FALSAS DENUNCIAS”
Quitar derechos, no puede ser una conquista

Primero como mujer y por mi ineludible responsabilidad como legisladora me opongo fervientemente al proyecto de reforma del Código Penal sobre «falsa denuncia», impulsado principalmente por la senadora radical Carolina Losada y respaldado por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Esta iniciativa propone modificar el artículo 245 del Código Penal para endurecer las penas generales y establecer agravantes específicos con condenas de hasta 6 años de prisión efectiva, con los cual el gobierno de presidente Javier Milei pretende silenciar a las víctimas de violencia de género.
Esta no es una propuesta aislada, sino la consumación de un plan sistemático, que ya comenzó con el desmantelamiento y desfinanciamiento de las áreas que recibían, asesoraban, acompañaban y contenían a las víctimas.
Ahora, el proyecto instalado en el Congreso de la Nación impulsa endurecer las penas del Código Penal para la «falsa denuncia» (artículo 245) y el «falso testimonio» (artículo 275), elevando los castigos cuando las acusaciones se relacionan con violencia de género o delitos contra la integridad sexual.
En esencia, lo que se pretende endurecer o ampliar las sanciones por las llamadas “falsas denuncias”, constituyendo un grave retroceso en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de abuso y a las víctimas de violencia de género.

En el actual contexto político, este tipo de proyectos refuerza una lógica peligrosa: la de cuestionar la palabra de quienes denuncian, deslegitimar las políticas de género y desmantelar herramientas fundamentales de protección.
Las estadísticas y la experiencia de organismos especializados muestran que las denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual de mujeres y niñeces son excepcionalmente bajas. Según la ONU, las falsas denuncias en Argentina representan el 0.3%, se estima que, de cada 1000 abusos, se denuncian 100 y sólo 1 recibe condena.
Sin embargo, el proyecto construye un problema sobredimensionado que desvía la atención de la verdadera urgencia: la dificultad que tienen las víctimas para ser escuchadas, creídas y protegidas. En lugar de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, investigación y acceso a la justicia, se promueve una herramienta que puede ser utilizada para disciplinar a quienes se animan a hablar.
Es una ley que ataca especialmente a las madres protectoras y las infancias. Denunciar un abuso implica atravesar miedos, presiones familiares, dependencia emocional y múltiples barreras institucionales. Introducir la amenaza de posibles sanciones por “falsa denuncia” incrementa el temor y puede inhibir la palabra de quienes más necesitan ser protegidos. Esto contradice los principios básicos de protección integral y el interés superior del niño, pilares que hoy se ven amenazados por políticas que priorizan el ajuste por sobre los derechos.
Este proyecto también impacta negativamente en el trabajo de profesionales de la salud, la educación y el ámbito social, quienes tienen la obligación de denunciar ante la sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persigue las “falsas denuncias”, estos actores pueden verse condicionados, debilitando las redes de cuidado y prevención.
Por otra parte, la sanción a falsas denuncias ya existe en el Código Penal (Art. 245). Este proyecto duplica la pena a aquellas referidas a violencia de género y abusos sexuales, lo cual establece una doble vara de desigualdad ante la ley, por lo cual se trata de una norma claramente inconstitucional.
En tal sentido, como mujer y legisladora no puedo más que rechazar firmemente este proyecto de ley, denunciando además su carácter regresivo en contra de trabajosas conquistas logradas en favor de la mujer y las niñeces. Y, por ello, exigimos políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, el acompañamiento integral y la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles del Estado.

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IMPLICANCIAS DEL PROYECTO SOBRE FALSAS DENUNCIAS

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA: IMPLICANCIAS DEL PROYECTO SOBRE FALSAS DENUNCIAS

A pedido de la Secretaria General de APUNCa, Gladys Moro, integrantes de la Comisión Directiva participaron del conversatorio “Violencia de género y acceso a la justicia: implicancias del proyecto sobre falsas denuncias”, organizado por la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad.

También estuvieron presentes compañeros de la CGT Regional Catamarca – Agrupación Azul y Blanca: Luis Suárez, del gremio de Gráficos; José Vega, de UTHGRA; Duilio Aragón, de AJEPROC; además de los compañeros Amado Montiel y Raúl Aguirre, acompañando este importante espacio de reflexión e intercambio.

La jornada reunió a especialistas del ámbito judicial, académico y de la comunicación, distribuidos en cinco paneles. Participaron la diputada nacional Dra. Claudia Palladino; la Dra. Marcela Whitaker, Secretaria de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, junto a la Dra. Belén Verón, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Catamarca; la Dra. Alejandra Antonino, Fiscal Especializada en Violencia de Género; la Dra. Ivana Agüero Pacheco, Secretaria de Familia, junto a la Dra. Giselle Saseta, abogada diplomada en Género y Derechos de las Personas en Situación de Vulnerabilidad; y los comunicadores sociales Marcelo Gallo, jefe de Redacción de Diario El Ancasti, y Silvina Aldeco, editora del diario Inforama.

Durante el encuentro se abordaron los alcances del proyecto de reforma referido a las falsas denuncias y las distintas miradas sobre su posible impacto en el acceso a la justicia. Hubo un amplio intercambio de preguntas y comentarios con el público, promoviendo el análisis de las implicancias que podrían tener las modificaciones propuestas, especialmente en relación con el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de violencia y la importancia de garantizar el acceso efectivo a los mecanismos de protección y denuncia.

Desde APUNCa reafirmamos nuestro compromiso con la formación, el diálogo y la participación en ámbitos de debate que fortalezcan la defensa de los derechos, el acceso a la justicia y la construcción de políticas públicas inclusivas y con perspectiva de género.

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📢 JORNADA DE CAPACITACIÓN🩺🚑

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APUNCa invita a participar de esta importante jornada de capacitación en Primeros Auxilios y RCP, a cargo de la Dirección de Bomberos de Catamarca.

🩹 Una oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas fundamentales que pueden ser de gran importancia ante una situación de emergencia.

🎓 IMPORTANTE: Se entregará certificación de asistencia a todos los concurrentes.

📝 Completá el formulario en el siguiente enlace:

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Charla debate «Soberanía, tierra y trabajo: un debate necesario para la Argentina»

En el día de ayer se realizó una charla debate titulada “Soberanía, tierra y trabajo: un debate necesario para la Argentina”. La misma se realizó de manera presencial en el auditorio José Rucci de la CGT y de manera virtual con transmisión en vivo.

Los dicertantes fueron los abogados Sabrina Selva y Gerardo Juara, quienes abordaron sobre la ley de extranjerización de la tierra, de cara a la sesión del próximo 6 de agosto.
Se apelo a la concientización del reclamo a nuestros legisladores y a demandar a los gobernantes que no entreguen la Argentina!

En representación de la APUNCa estuvieron presentes de manera virtual las Cras Sec de hacienda y Finanzas, Romina Díaz y la Sec. de Acción Social, Turismo y Deportes, Cra Rosalyn Ruiz.

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La Fiesta del Poncho ya comenzó. 🧣🎶

La Fiesta del Poncho ya comenzó. 🧣🎶

Tuve el honor de participar de la inauguración de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el evento que mejor representa la identidad, la cultura y el trabajo de todos los catamarqueños y catamarqueñas.

Es una enorme alegría compartir este encuentro que reúne a nuestros artesanos, productores, artistas y emprendedores, mostrando al país y al mundo la riqueza de nuestra provincia.

Invito a todos a disfrutar de esta gran fiesta, a recorrer cada espacio y a seguir acompañando el talento, la tradición y el esfuerzo de nuestra gente.

¡Que sea una edición llena de encuentros, cultura y orgullo catamarqueño! ❤️

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¡Marchamos con los jubilados!

La FATUN junto a la FEDUN se movilizarán junto a las y los jubilados en defensa de la seguridad social, los derechos conquistados y una vida digna para quienes trabajaron toda su vida.

Este miércoles 22 de julio acompañamos la convocatoria de las centrales sindicales y organizaciones sociales frente al Congreso Nacional.

La seguridad social es un derecho.
Defender a las y los jubilados también es defender el presente y el futuro de nuestro pueblo.

📍 Rivadavia y Montevideo
🕒 15 hs.

Sigamos en Unidad, Solidaridad y Organización.

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La Patria no se vende. La tierra tampoco

La Patria no se vende. La tierra tampoco.

El Gobierno nacional intenta avanzar con una reforma de la Ley de Tierras que flexibiliza la compra de territorio argentino por parte de capitales extranjeros, una iniciativa que ya encontró resistencias en distintos sectores políticos y sociales y cuyo tratamiento debió ser postergado por falta de consenso.

La tierra no es una mercancía más. En ella se encuentran nuestros recursos naturales, nuestras reservas de agua, nuestras riquezas estratégicas y una parte fundamental de la soberanía nacional. La actual legislación establece límites a la extranjerización del suelo argentino, una conquista que hoy vuelve a estar amenazada.

Mientras millones de argentinas y argentinos sufren las consecuencias del ajuste, el Gobierno insiste en profundizar un modelo que pone en riesgo el patrimonio colectivo y abre las puertas a nuevos procesos de entrega.

Desde la FATUN reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía nacional, de los bienes comunes y del derecho de nuestro pueblo a decidir sobre el destino de la Argentina.

No hay desarrollo posible sin una Nación que proteja sus recursos estratégicos. No hay futuro sin soberanía.

La tierra, el agua y nuestros recursos naturales pertenecen al pueblo argentino.

#FATUN #SoberaníaNacional #LeyDeTierras #LaPatriaNoSeVende #UniversidadPública

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