REFORMAS SOBRE “FALSAS DENUNCIAS”
Quitar derechos, no puede ser una conquista
Primero como mujer y por mi ineludible responsabilidad como legisladora me opongo fervientemente al proyecto de reforma del Código Penal sobre «falsa denuncia», impulsado principalmente por la senadora radical Carolina Losada y respaldado por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Esta iniciativa propone modificar el artículo 245 del Código Penal para endurecer las penas generales y establecer agravantes específicos con condenas de hasta 6 años de prisión efectiva, con los cual el gobierno de presidente Javier Milei pretende silenciar a las víctimas de violencia de género.
Esta no es una propuesta aislada, sino la consumación de un plan sistemático, que ya comenzó con el desmantelamiento y desfinanciamiento de las áreas que recibían, asesoraban, acompañaban y contenían a las víctimas.
Ahora, el proyecto instalado en el Congreso de la Nación impulsa endurecer las penas del Código Penal para la «falsa denuncia» (artículo 245) y el «falso testimonio» (artículo 275), elevando los castigos cuando las acusaciones se relacionan con violencia de género o delitos contra la integridad sexual.
En esencia, lo que se pretende endurecer o ampliar las sanciones por las llamadas “falsas denuncias”, constituyendo un grave retroceso en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de abuso y a las víctimas de violencia de género.
En el actual contexto político, este tipo de proyectos refuerza una lógica peligrosa: la de cuestionar la palabra de quienes denuncian, deslegitimar las políticas de género y desmantelar herramientas fundamentales de protección.
Las estadísticas y la experiencia de organismos especializados muestran que las denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual de mujeres y niñeces son excepcionalmente bajas. Según la ONU, las falsas denuncias en Argentina representan el 0.3%, se estima que, de cada 1000 abusos, se denuncian 100 y sólo 1 recibe condena.
Sin embargo, el proyecto construye un problema sobredimensionado que desvía la atención de la verdadera urgencia: la dificultad que tienen las víctimas para ser escuchadas, creídas y protegidas. En lugar de fortalecer los mecanismos de acompañamiento, investigación y acceso a la justicia, se promueve una herramienta que puede ser utilizada para disciplinar a quienes se animan a hablar.
Es una ley que ataca especialmente a las madres protectoras y las infancias. Denunciar un abuso implica atravesar miedos, presiones familiares, dependencia emocional y múltiples barreras institucionales. Introducir la amenaza de posibles sanciones por “falsa denuncia” incrementa el temor y puede inhibir la palabra de quienes más necesitan ser protegidos. Esto contradice los principios básicos de protección integral y el interés superior del niño, pilares que hoy se ven amenazados por políticas que priorizan el ajuste por sobre los derechos.
Este proyecto también impacta negativamente en el trabajo de profesionales de la salud, la educación y el ámbito social, quienes tienen la obligación de denunciar ante la sospecha de vulneración de derechos. Bajo un régimen que persigue las “falsas denuncias”, estos actores pueden verse condicionados, debilitando las redes de cuidado y prevención.
Por otra parte, la sanción a falsas denuncias ya existe en el Código Penal (Art. 245). Este proyecto duplica la pena a aquellas referidas a violencia de género y abusos sexuales, lo cual establece una doble vara de desigualdad ante la ley, por lo cual se trata de una norma claramente inconstitucional.
En tal sentido, como mujer y legisladora no puedo más que rechazar firmemente este proyecto de ley, denunciando además su carácter regresivo en contra de trabajosas conquistas logradas en favor de la mujer y las niñeces. Y, por ello, exigimos políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, el acompañamiento integral y la formación con perspectiva de género y niñez en todos los niveles del Estado.
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