Rechazo a los cambios de la Ley de Tierras, un
disfraz a medida de los intereses extranjeros
Desde el peronismo y desde el ámbito sindical argentino no podemos menos que rechazar la disfrazada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, porque parte desde la falsedad de la denominación, en vez de presentarla como la modificación a la Ley de Tierras para favorecer a los amigos extranjeros del presidente Javier Milei.
Se trata de mamotreto, propio del estilo “libertario” en desmedro de la soberanía territorial, la producción nacional, el trabajo y el rol del Estado en la planificación estratégica del país.
Es la hipocresía, perversamente camuflada, para que tres o cuatro millonarios, en su mayoría extranjeros, se queden con la Argentina, como lo hicieron con Lago Escondido, u otras enormes extensiones en distintos puntos del país, generando escandalosas flexibilizaciones que los habiliten a apoderarse de las impresionantes riquezas de nuestra tierra.
Los argentinos sabemos que la tierra es mucho más que una propiedad privada; es territorio común, trabajo, alimento, generación de empleo, producción, medio ambiente y soberanía para millones compatriotas. Y, sin control sobre la tierra, no hay proyecto nacional productivo propio, estratégico para el desarrollo del país.
El proyecto “mileista” en sí mismo, es un riesgo de extranjerización del territorio nacional y la más evidente y clara pérdida de control estatal sobre nuestro suelo, habilitando la compra irrestricta de tierras por parte de grandes corporaciones internacionales. Y, por consiguiente, debilita la capacidad del Estado para regular y planificar el uso estratégico de su propio territorio.
Va en contra del control y defensa de los recursos estratégicos, como Catamarca guarda generosamente en materia de minería y la generación de energía a través del Litio, además de liberar al arbitrio de particulares, incluso extranjeros, el manejo y usufructo de los ríos, lagos y acuíferos que, actualmente, nos garantizan la disponibilidad del agua dulce para nuestros comprovincianos de los sitios más apartados, ya sean de la Puna o la Cordillera.
Lo elemental en todo este debate, es que no hay soberanía nacional sin control sobre nuestro territorio.
También atenta contra los más elementales criterios de defensa nacional y seguridad jurídica sobre el patrimonio de todos los argentinos. En ese marco, la seguridad jurídica no debe proteger únicamente la propiedad privada sino también a quienes trabajan, incluyendo el derecho a la vivienda, al trabajo, al salario digno y a una tierra orientada al bien común.
Para ser serios, la Constitución Nacional ya protege la propiedad, como también garantiza los derechos vinculados a la vivienda, el trabajo, el ambiente y el desarrollo, sin necesidad de plasmar una vergonzante legislación motivada, única y groseramente, en favorecer los intereses de los extranjeros.
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